Bolonia está en boca de toda la comunidad universitaria, de los medios de comunicación y de todo el mundo. Cualquier asunto relacionado con cambios en la universidad se vincula al llamado Proceso de Bolonia. Bolonia es el escudo perfecto para motivar cambios y justificar protestas. Tan es así que en unas jornadas en las que tuve oportunidad de participar hace un par de semanas, a las que asistía Felipe Pétriz, Director General de Universidades, dijo irónicamente que no sería de extrañar que los habitantes de Bolonia terminaran manifestándose por el uso inapropiado del nombre de su ciudad.
El Proceso de Bolonia, o lo que unos y otros entienden por tal, tiene defensores y detractores. Si yo debiera decantarme por una u otra postura, sin duda me sentaría junto a los primeros. Pero como casi todo en la vida, las cosas no son sólo blancas o negras; en las tonalidades grises es donde muchos nos encontramos más cómodos.
El inicio del Proceso de Bolonia se remonta a diez años atrás, pero es ahora, en su culminación, cuando se están implantando los cambios derivados de la normativa aprobada durante los años transcurridos, cuando más se está hablando del tema. Y se habla mucho tanto dentro como fuera de la universidad. Una de las cosas que más me gustan de la institución en la que trabajo es la existencia de un canal (una simple lista de distribución) para difundir y debatir abiertamente los temas que a los miembros de la comunidad universitaria le venga en gana. A través de este canal, un compañero tuvo la ocurrencia el otro día de difundir un artículo de Enric Renau, Editor de educaweb.com, titulado ¡Sí a Bolonia!, que recomiendo leer. En él dice:
Es normal, por lo tanto, que la sociedad considere que la Universidad tiene que devolverle su esfuerzo en el presente con una buena formación de las nuevas generaciones, que las haga más cultas, más competitivas y más innovadoras. La sociedad con su voto y sus impuestos, piensa que la Universidad tiene que formar buenos científicos y profesionales homologables a nivel internacional.
Con ello, mi compañero sin pretenderlo, abrió un debate en el que profesores de una y otra postura han expresado abiertamente su opinión. Algunos de los aspectos en los que más se incide son:
¿Sociedad = Mercado = Empresas?
¿Debe la Universidad adecuar sus enseñanzas a las necesidades actuales de las empresas?, ¿cómo se sabe que las necesidades actuales serán las del futuro?
¿Es incompatible un espíritu crítico con el mercado?
¿Se solaparía la Universidad con la Formación Profesional al acercarse a las empresas?
¿Debe un titulado univeristario caracterizarse por tener amplitud de miras, espíritu crítico y unos conocimientos básicos muy sólidos que le permitiran aprender cualquier trabajo que
esté en el entorno de sus conocimientos y es labor del empresario facilitar que sus empleados aprendan las tareas concretas para las que los necesita?
Y Enric Renau continua enriqueciendo el debate con su ¡Si a Bolinia! (y 2). Plantea ahora la supuesta privatización del sistema universitario.
Otra de las críticas que se trasladan a las consecuencias de seguir el Proceso de Bolonia es que conllevará la privatización de la universidad. […]
En España, ni los estudiantes ni los docentes de los estudios que funcionan tendrán que sufrir, para nada, en el proceso de adaptación que ya está en marcha. Al contrario, saldrán beneficiados porque sus estudios y sus competencias profesionales serán homologables. Los centros -públicos o privados- que no hayan hecho los deberes sí que lo pasarán mal, es cierto. Pero no por Bolonia, sino por su incapacidad de dar respuesta a la sociedad que los ha impulsado.
Foto: luipermom en Flickr
Las personas que trabajamos para el sector público tenemos el deber moral y profesional de superar o salir del entorno de desidia en el que nos vemos a menudo envueltas por el contexto político y por estilos de gestión obsoletos para apoyar una iniciativa fundamental: #RegenerarAdministracion. La Administración Pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social. Solo con unas Administraciones abiertas y participativas, podremos lograr unas instituciones políticas y económicas de carácter inclusivo. Lo contrario, es lo que vemos cada día en los periódicos de este país.
Creo que todos somos conscientes de que la imagen de la Administración Pública, y especialmente de los Funcionarios, está por los suelos. Algunos políticos y medios de comunicación se han encargado en el último año de desprestigiar aún más si cabe la labor del sector público. Pero el punto de partida no era tampoco muy bueno. La cultura burocrática e inmovilista propia de la Administración ya contaba con el rechazo de la ciudadanía. 
FunkziUni 