#eGov sin simplificación = eBurocracia

La reflexión de Andres Nin sobre la irrelevancia a la que parece querer abocarse las TIC en las Administraciones Públicas me hizo pensar de nuevo en una de las causas que, en mi opinión, conducen a esa percepción de que no se están haciendo bien las cosas con la administración electrónica: la falta de simplificación.

Tengo la sensación de que con la obligatoriedad de poner a disposición de la ciudadanía el acceso por medios electrónicos a los procedimientos administrativos establecida por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (pdf), se está tecnificando el «monstruo» sin más. Me da la impresión de que no se está repensando el objeto básico que se supone regula esta Ley: los Servicios Públicos. El proceso de modernización de las Administraciones Públicas se está centrado excesivamente en pasar a electrónicos los procedimientos administrativos existentes. Pero si lo que pretendía la Ley era realmente facilitar el acceso electrónico a los Servicios Públicos, ¿no sería lógico repensar primero los Servicios Públicos que se prestan? A partir de ahí se podría analizar cómo se puede facilitar el acceso a ellos mediante medios electrónicos y la derivada última sería ver los procedimientos administrativos que deben seguirse para prestar el Servicio Público que requiere el ciudadano. Pero no, como en tantas otras cuestiones, empezamos la casa por el tejado. Y nos ponemos a pasar a medios electrónicos los procedimientos administrativos de siempre. Y así sale lo que sale: procedimientos que son más complejos iniciar por medios electrónicos que desplazándonos a la ventanilla, Servicios Públicos que para poder acceder a ellos por medios electrónicos hay que seguir una secuencia de tramitaciones ante distintos órganos funcionales, «agujeros» en los procedimientos electrónicos que requieren trámites presenciales… Así no me extraña que los ciudadanos sigan prefiriendo acercarse a la ventanilla de turno para la mayoría de los servicios públicos. Hemos añadido a la complejidad del «lenguaje administrativo» la complejidad del «lenguaje informático». Si ya nos costaba que la ciudadanía entendiera lo que se está diciendo en tal norma, los documentos que tienen que presentar para la solicitud de turno, los motivos por los que se rechaza tal ayuda, etc., ahora además les pedimos que entiendan lo que es un certificado electrónico, una firma electrónica reconocida, el sello de tiempo, la máquina virtual Java, excepción de seguridad del navegador, identificador de firma, transacción, PKCS… y no-se-qué-más.   De esta forma, ¿quién va a utilizar la administración electrónica? Estoy convencido de que si se hiciera un estudio sobre el perfil del usuario particular de la administración electrónica, la mayoría seríamos funcionarios, y buena parte de ellos funcionarios TIC, porque es que ¡¡no hay quien nos entienda!!

Creo que hay un error de base en la estrategia seguida por el Legislador cuando dictó la Ley 11/2007. El principio de simplificación administrativa no puede ser el punto j) (penúltimo) de los enumarados en el art. 4 como principios generales a los que se debe ajustar la utilización de las tecnologías de la información. Y, es más, no se debería de entender la simplificación administrativa como la mera reducción de los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos. La simplificación administrativa debería cuestionar la necesidad de los propios procedimientos administrativos y sus trámites. Debería obligar a repensar qué es necesario hacer para poder prestar los Servicios Públicos que fundamentan la existencia de nuestras Administraciones.

Si como dice Andres Nin, la administración electrónica podría llegar a funcionar como palanca del uso de Internet, todo esfuerzo por simplificar y hacerla más amigable será bienvenido.

No podemos permitir que nuestras Administraciones Públicas sigan trabajando en el siglo XXI con procedimientos diseñados en el siglo XIX. Procedimientos que se duplican o multiplican de igual forma que se fragmenta la estructura administrativa (Estatal, Autonómica, Local, organismos autónomos, etc.). Pueden existir tantos procedimientos administrativos distintos para un mismo fin como comunidades autónomas o municipios hay en nuestro país. Lo que en Andalucía se hace de una forma, en Murcia de otra y en Cataluña de otra diferente. Además nos podemos encontrar casos en que el procedimiento se inicia por la Administración General del Estado y parte del mismo se solapa con otro procedimiento autonómico que desarrolla al anterior. Es necesario, como decía, repensar los procedimientos de cada uno de los Servicios Públicos. Pero, para ello, sería necesario hacerlo desde una pespectiva superior al límite de nuestras propias Administraciones. Y dudo que ninguna de ellas tenga interés en hacer un análisis que escaparía de sus competencias.

Rompamos con el pasado, reinventemos entre todos cómo deberían hacerse las cosas. Diseñemos nosotros mismos los procedimientos que sería lógico aplicar para cada servicio público, indistintamente de dónde se preste. Con esta idea he creado la wiki simpleGov, en la que aspiro a que se vayan redactando de forma colaborativa ideas radicales sobre cómo, desde el punto de vista del ciudadano, debería ser el procedimiento para cada uno de los servicios públicos.

Para explicar a lo que me refiero, nada mejor como un ejemplo que he sufrido yo mismo recientemente: el servicio público de asistencia al nacimiento de mi hijo. Échale un vistazo al procedimiento radical que he propuesto en la wiki.

Sí, lo sé, es una locura. Son muchas las barreras que habría que superar para poder llegar a plantearnos llevar a la realidad una idea tan radical. Ya sé que la interconexión de Administraciones Públicas en España es todavía ciencia ficción. Pero si no decimos cómo sería ideal que fueran las cosas, ¿cómo van a saber las cabezas pensantes lo que queremos?

¿Qué?, ¿te animas? Únete a la comunidad de INprendedores Públicos y colabora con el proyecto simpleGov, porque una Administración más simple es posible.