Publico aquí el comentario realizado en el blog de José Ignacio Familiar (sociedad enrREDada) en su post “de cazadores y funcionarios”, cuya lectura te recomiendo. En él hace referencia al debate surgido a raíz de un artículo de El País sobre el creciente, según el artículo, número de funcionarios, algo recurrente en otros artículos e informes; recomiendo también la lectura de la réplica de Vicenc Navarro en el diario Público.
Comenta José Ignacio
lo que a mí me llamó más la atención del artículo en cuestión no fueron las menciones al número de funcionarios, sino las referencias a la imposibilidad de evaluar el desempeño de éstos: Ser más o menos productivo no tiene consecuencias – El reto es evaluar al funcionario
En mi opinión la referencia a la imposibilidad de evaluar el desempeño de los funcionarios está quizás un poco desfasada. Sí que es posible evaluar el desempeño de los funcionarios, de hecho el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), dedica su artículo 20 precisamente a la evaluación del desempeño. Ya hay algunos ejemplos de aplicación de este instrumento, como el que nos presentaba hace algún tiempo Antonio Arias, el caso de la Diputación Provincial de Jaén a través del Plan ETicQ@ (que tuve la oportunidad de conocer) o el que más directamente conozco, el de las Universidades Públicas Andaluzas. En este último caso, la evaluación del desempeño es el escalafón final de todo un conjunto de medidas orientadas a la mejora de la productividad y calidad de los servicios (ya lo presentaba como un posible remedio al daño profesional que puede provocar la Administración).
Añade también José Ignacio que ha constatado que en las Administraciones Públicas hay
personas que son en términos generales competentes en sus puestos de trabajo, que desempeñan su trabajo con corrección. Pero desconfían por sistema de los cambios, son reticentes a aportar los esfuerzos añadidos que requieren las transformaciones y tienden por naturaleza a evitar cualquier tipo de conflicto que altere su tranquilidad. Su trabajo ordinario sale adelante, pero no facilitan la mejora, modernización e innovación.
Es cierto que no es extraño encontrar personas en la Administración que desconfían por sistema de los cambios y que se resisten a aportar los esfuerzos añadidos que requieren las transformaciones, pero coincido con lo comentado por Iñaki (@balapiaka) en dicho post, pues en los casos que conozco, el principal problema deriva de la incapacidad de los dirigentes de elaborar propuestas razonables y de comunicarlas bien (que de por otra parte es lógico: no se puede comunicar lo incomunicable, pues las propuestas son irrazonables). Esto enlaza con lo que comento en otro post (3er motivo por el que prefiero una Administración profesional vs. una Administración política: los políticos venden humo).
¿Por qué hay tanto miedo a la participación activa y directa (sin intermediarios sindicales) del personal en la elaboración de propuestas? Puedo entender que en el pasado se haya actuado así, pero con el universo de herramientas gratuitas o de bajo coste que ofrece la web 2.0 ya no hay excusa para negarse a escuchar y conversar directamente con las personas de la organización.
Cuando lo pienso me siento ridículo. Mientras yo estoy proponiendo instrumentos para conversar activamente con los grupos de interés, la Administración niega por sistema la participación del grupo que quizás más podría aportar: las personas de la propia organización.
FunkziUni 
De acuerdo con la evaluación del desempeño, los incentivos y las penalizaciones. Pero no lo puedo estar con lo de la salida. Para ello ya está el régimen disciplinario que por desgracia no es lo suficientemente aplicado; si hubiese menos miedos a utilizar los instrumentos que ya existen quizás habría menos aspectos a criticar al funcionariado. Pero el vincular la separación del servicio (sanción mas grave para un funcionario) a la evaluación del desempeño no tiene sentido ninguno, en mi opinión, además de no tener cabida en la actual regulación, si no me equivoco.
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Efectivamente, una gestión profesionalizada sería una excelente solución a gran parte de los problemas de la gestión pública. Una gestión profesional que incluyese una buena evaluación del desempeño, incentivos al cumplimiento de objetivos, carreras con caminos de subida pero igualmente de bajada y puertas más abiertas, tanto para entrar como, muy importante, para salir.
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Hola David! Encantado de pasarme por aquí y poder continuar con este tan interesante como necesario debate. Gracias por la mención a mi post.
El problema es que hoy por hoy las iniciativas de evaluación del desempeño son la excepción y no la norma. Algo realmente preocupante por cuanto, como bien dices, existe el marco normativo para hacerlo.
La actual ley electoral al conceder un papel tan relevante a los partidos se está convirtiendo en un problema que afecta al funcionamiento de las AAPP. Me explico. El afán de los partidos y sus aparatos es ganar eleccciones. En la medida que tienen tan gran capacidad de influir sobre parlamentarios y cargos públicos, no en vano son los aparatos los que proponen y aprueban los nombramientos, la acción de gobierno se orienta a veces en exceso a los objetivos del partido y no tanto a los de la sociedad.
En este contexto la batalla de la opinión pública es encarnizada y los partidos, y en consecuencia los cargos públicos, aspiran a controlar férreamente su imagen y reputación. Desde este punto de vista la web 2.0 y los medios sociales son una amenaza. Más aun allí donde ejercen su poder: la Administración Pública. Los más inteligentes y vanguardistas proponen canales de participación con la esperanza de controlar este proceso. Pero no funciona así: en la práctica son los participantes los que imponen sus canales. Los funcionarios harán bien en participar en los medios sociales que estimen oportunos con responsabilidad, visión crítica y espíritu constructivo. Ahora lo que hay son semillas. Cuando la presencia de funcionarios en medios sociales esté más generalizada, los responsables políticos no tendrán otro remedio que escucharles. Por eso creo que los funcionarios pueden (y deben) ser, sin necesidad de pedir permiso a nadie, agentes activos de esta transformación.
No coincido en culpar de la actual situación de la función pública sólo a los políticos. Al igual que he conocido funcionarios ejemplares, y no pocos, también he trabajado con cargos públicos, y no pocos, que saben trabajar con honestidad, visión y capacidad para llevar adelantes sus ideas modernizadoras. No creo que esas valoraciones de la clase política son ajustadas a la realidad ni una buena base de análisis sobre las que construir soluciones.
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@jifamiliar
Es cierto que la evaluación del desempeño es aún una excepción y no la norma, pero creo que esto se debe únicamente a que aún es reciente su regulación (el EBEP es del año 2007, y aún no se ha desarrollado correctamente); supongo que en breve se comenzará a difundir más su aplicación.
Coincido contigo en lo que respecta a la excesiva influencia de los partidos políticos en las Administraciones Públcias. Como dice Longo, profesor de recursos humanos en ESADE, en el artículo de El País al que te refieres en tu blog, «no tiene sentido que cambie el presidente de una comunidad autónoma y cambien los gerentes de los hospitales públicos, como está pasando». Y a esto es a lo que me refiero precisamente con la serie de críticas, o mejor dicho, motivos por los que yo prefiero una Administración Pública profesional (dirigida por profesionales de la gestión pública) frente a una Administración Pública política (dirigida por políticos).
En cualquier caso, no pretendo culpabilizar de la situación de la función pública sólo a los políticos, por supuesto que no. Pero sí creo que son el origen de muchas resistencias al cambio entre el funcionariado. ¿Y por qué? Porque si tras la composición de un nuevo Equipo de Gobierno en una Administración, el responsable de organismo en cuestión es un político sin experiencia en la gestión pública, llegará con una carpeta llena de ideas, muchas de ellas buenas, y pretenderá llevarlas a cabo. Y hay empieza el problema, posiblemente no se haya preocupado de considerar todos los aspectos técnicos que conlleva la implantación de la idea. Encima es posible que algunas sean contradictorias con las que su antecesor intentó implantar… Resultado: será muy difícil que quienes tengan que llevar a acabo todo el proceso para implantar la nueva idea confíen en ella; empezarán las resistencias y desconfianzas… y habrá quien piense: «total, para qué vamos a dedicar tanto esfuerzo si cuando llegue el siguiente político querrá cambiarlo todo otra vez». Penoso, sí pero, créeme, comprensible.
Esto no pasaría si los responsables de los organismos fuesen expertos en la gestión pública (profesionales y no políticos). La capacidad para convencer de las posibilidades y beneficios que conlleva la implantación de nuevas ideas siempre será, en mi opinión, mucho mayor.
Está claro que los partidos políticos deben poner al frente de los Ministerios, Consejerías, Concejalías, etc. a sus políticos. Pero lo que no veo claro es que también se ponga a sus políticos al frente de las Gerencias, Direcciones Generales, y demás puestos de responsabilidad en gestión, sin ni tan siquiera exigirles un mínimo de experiencia profesional en la gestión pública.
(actualización: 30-3-10) Coincide con esta percepción personal lo publicado en un artículo publicado del diario Expansión, «Actualmente, la mayoría de directores generales no son ya funcionarios con experiencia en su respectivo ministerio. Son cargos políticos.»
No pretendo hacer juicios de valores sobre la clase politica… como decía en otro post, creo que la vocación de servicio público de muchos de nuestros políticos es digna de elogio. Mi intención únicamente es expresar mi opinión sobre lo que percibo. Y como funcionario que soy desde hace más de 9 años, percibo que se está haciendo un flaco favor al servicio de la ciudadanía cuando se pone a gestionar un organismo público a un político sin experiencia profesional en la gestión pública. Precisamente esa es mi aportación en la búsqueda o construcción de soluciones: que se pase a un modelo de Administración Pública Profesional.
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